El financiamiento destinado a combatir inundaciones está siendo absorbido por el Tesoro nacional en lugar de invertirse en las obras que la ley ordena ejecutar. Clarín Rural pone en evidencia una paradoja preocupante: los fondos están disponibles, pero no se concretan las intervenciones necesarias para prevenir desastres hídricos.
Este desvío de recursos representa un problema estructural en la asignación de prioridades fiscales. Mientras que el Estado recurre a estos fondos para equilibrar sus cuentas, las regiones vulnerables a inundaciones permanecen sin las infraestructuras de contención y drenaje que podrían protegerlas.
La situación es particularmente crítica para el sector agrario, que sufre periódicamente las consecuencias de inundaciones sin contar con sistemas preventivos adecuados. Las pérdidas económicas en cultivos y ganadería se acumulan año tras año, mientras que la inversión preventiva se pospone indefinidamente.
La falta de ejecución no obedece a restricciones presupuestarias, sino a decisiones sobre cómo utilizar los fondos disponibles. Existe una clara disociación entre lo que la normativa legal establece como destino de estos recursos y cómo se están canalizando en la práctica.
Expertos señalan que esta postergación de obras implica un costo social y económico creciente. Cada temporada de lluvias deja daños que podrían haberse evitado con inversiones previas en infraestructura hídrica. La realidad es que mientras se atienden necesidades fiscales inmediatas, se hipoteca la capacidad de respuesta ante desastres naturales.
El desafío consiste en alinear la decisión política con los mandatos legales, priorizando las obras de prevención de inundaciones conforme a lo establecido en la ley.
Imagen: Allen Boguslavsky / Pexels – Con informacion de Clarín Rural
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