El Ejecutivo nacional canceló la estructura presupuestaria que permitía la gratuidad en pasajes de transporte para niños con cáncer y personas portadoras de discapacidades. Esta decisión fue formalizándose a través de una resolución que replantea la sostenibilidad de tales beneficios.
La administración explicó que mantener estas compensaciones «carecía de fundamento presupuestario adecuado». Con esta resolución desaparece el fondo que canalizaba recursos para estos subsidios de movilidad.
A pesar de lo anterior, funcionarios del Gobierno insistieron en que el derecho fundamental a viajar sin abonar pasaje permanece vigente y puede ser reclamado por los beneficiarios. No obstante, la ausencia de un mecanismo de financiamiento específico plantea dudas respecto a la garantía práctica del acceso.
Esta resolución toca directamente a dos poblaciones en situación de fragilidad socioeconómica. Ambos grupos gozaban del derecho a desplazarse sin costo, herramienta crucial para concurrir a centros sanitarios, instituciones educativas e integración comunitaria.
El oficialismo enmarcó esta medida dentro de una política integral de racionalización presupuestaria. Desde el Gobierno consideran que el anterior sistema de subsidios requería reestructuración.
Organismos defensores de derechos humanos expresaron inquietud frente a esta iniciativa. Si bien el Gobierno sostiene la permanencia de la gratuidad como garantía formal, la supresión del financiamiento específico podría obstaculizar su concreción efectiva.
Queda pendiente que la administración detalle los mecanismos alternativos mediante los cuales seguirá materializándose el acceso gratuito al transporte para estos sectores, considerando su importancia para la inclusión social y el ejercicio de derechos básicos como educación y salud.
Imagen: Thirdman / Pexels – Con informacion de La Nación
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