Mientras Córdoba fortalece su marco regulatorio contra la explotación infantil, la UTN Regional propone un camino alternativo mediante un proyecto de inserción laboral y capacitación para menores que trabajan en espacios públicos. El programa piloto representa un abordaje que combina acciones represivas con oportunidades concretas de empleo.
La universidad puso en marcha recientemente este dispositivo de formación e integración al mundo del trabajo, dirigido específicamente a jóvenes entre 16 y 18 años que actualmente desarrollan actividades callejeras en la ciudad. El proyecto ofrece entrenamiento en oficios diversos, información sobre derechos laborales y asistencia para conseguir puestos de trabajo formal.
Este esfuerzo coincide con decisiones de la provincia y el municipio que endurecen las penalidades para quienes utilizan menores con fines económicos. Los funcionarios de la UTN plantean que la capacitación constituye un complemento esencial de la legislación represiva, generando salidas reales para una población que de otro modo continuaría en la informalidad.
La problemática de los menores trabajadores en las calles afecta a cientos de familias cordobesas. Estos jóvenes generalmente provienen de contextos de vulnerabilidad socioeconómica y han interrumpido su trayectoria educativa. Sus ingresos muchas veces resultan imprescindibles para el sustento familiar.
El programa universitario abarca distintas etapas: selección de participantes, formación técnica, orientación laboral integral y monitoreo de sus trayectorias laborales tras la colocación. Desde la institución educativa subrayan que este enfoque permite abordar las causas estructurales del fenómeno, no apenas sus manifestaciones superficiales.
Los responsables del proyecto indicaron que el modelo será evaluado en cuanto se completen los primeros ciclos de formación. Dependiendo de los resultados, proyectan ampliarlo hacia otras universidades e institutos técnicos de la provincia.
Esta experiencia refleja una tendencia creciente en Argentina: complementar políticas de control social con estrategias de inclusión educativa y laboral. Los analistas sostienen que la combinación de ambos enfoques resulta más efectiva que aplicar únicamente medidas punitivas.
Imagen: Saptashwa Mandal / Pexels – Con informacion de La Nacion
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