VISIÓN RURAL

Según Agrofy, el productor cordobes Ricardo Simeone acusó al tesorero de la AFA de haberle comercializado 1.768 hectáreas en Santiago del Estero mediante una maniobra fraudulenta. Según la denuncia, el dirigente utilizó documentación apócrifa para vender un lote que pertenecía al Estado provincial, situación que el comprador descubrió años después al intentar escriturar.

En medio de las investigaciones que apuntan al patrimonio de la cúpula de la AFA, una grave denuncia por estafa ha puesto en el centro de la escena a Pablo Toviggino. Ricardo Simeone, un productor agropecuario de Córdoba, acusó formalmente al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino de haberle vendido un campo en Santiago del Estero utilizando documentación falsa y ocultando que el terreno eran, en realidad, tierras fiscales.

La operación fraudulenta se remonta al año 2011 e involucra un predio de 1.768 hectáreas. Según relató Simeone, la compra se realizó bajo la creencia de buena fe y con garantías verbales y documentales que resultaron ser un engaño. «Nosotros nos enteramos de que eran tierras fiscales cuando fuimos al juicio para salir de la posesión veinteañal y recuperar la titularidad a través de la escritura», explicó el damnificado, detallando el momento exacto en que comprendió que había sido víctima de una estafa.

Simeone apuntó directamente contra la figura del dirigente deportivo: «Fue el propio Toviggino quien me lo vendió», aseguró, y describió a la provincia de Santiago del Estero como un «reino blindado» donde operan mecanismos de impunidad. Para graficar la supuesta complicidad política, el productor recordó una reunión clave en una estación de servicio de La Banda, donde Toviggino asistió junto al diputado Daniel Zamora. Según el denunciante, la presencia del legislador tenía como único fin «dar garantías de que la escrituración y toda la papelería iba a salir perfectamente bien».

La denuncia no solo expone el perjuicio económico particular, sino que describe un modus operandi sistemático. Simeone advirtió que la documentación entregada era «totalmente apócrifa» y denunció la existencia de una red que incluye «fuerzas de choque» para la toma de campos y una protección judicial que asegura que las causas solo avancen «si es para proteger a la banda».

Mientras intenta recuperar su inversión, el productor cordobés alertó que su caso no es aislado y que existen «muchos damnificados» por este tipo de maniobras que involucran al poder político y deportivo de la provincia, afectando a comunidades enteras.