El fiscal ante la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, desestimó el planteo de Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez para que la ejecución de sus bienes —valuada en más de $684.000 millones— sea tratada por la justicia civil y comercial. El funcionario judicial ratificó que el decomiso debe mantenerse en el fuero penal, en el marco de la causa Vialidad donde ambos fueron condenados por administración fraudulenta.

Villar argumentó que el decomiso “no requiere una condena previa” y que su finalidad es eliminar los beneficios económicos obtenidos ilícitamente, evitando que los acusados vuelvan a cometer delitos. En su dictamen, rechazó los cuestionamientos de la defensa de la expresidenta y del empresario santacruceño, y señaló que no hubo arbitrariedad en la resolución del tribunal que dispuso la ejecución.

El fiscal también se opuso al intento de Báez de desvincularse del pago solidario del monto total. Consideró que aceptar ese planteo generaría fallos contradictorios y pondría en riesgo los derechos patrimoniales del resto de los imputados. Además, subrayó que el decomiso penal es independiente de la responsabilidad civil, que ya fue archivada por caducidad.

De esta manera, el pedido de Cristina Kirchner fue rechazado y el proceso de ejecución de sus bienes continuará en los tribunales de Comodoro Py, reforzando uno de los capítulos más significativos de la causa Vialidad y de las investigaciones por corrupción que marcaron los gobiernos kirchneristas.

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