La defensa de Máximo y Florencia busca frenar la ejecución patrimonial que ordena devolver casi 685.000 millones de pesos al Estado. “Buscan castigar simbólicamente a toda una familia por su historia, por su apellido y por su rol en la vida política argentina», destacaron los herederos del kirchnerismo.
El escándalo de la causa Vialidad no termina. Tras la condena firme de Cristina Kirchner, la justicia avanza con la ejecución patrimonial de propiedades adquiridas entre 2003 y 2015. Máximo y Florencia Kirchner reclaman que esos bienes no sean alcanzados por el decomiso.
Los inmuebles en cuestión incluyen hoteles, departamentos y terrenos en la Patagonia, muchos de ellos ligados a la figura de Lázaro Báez, considerado socio comercial de la familia. La fiscalía sostiene que son parte del entramado económico que facilitó el enriquecimiento ilícito.
En su defensa, los Kirchner aseguran que se trata de adquisiciones legítimas y denuncian una persecución política. Sin embargo, el tribunal ya dejó en claro que la reparación al Estado debe afrontarse con el patrimonio acumulado durante el período delictivo.
La resistencia de los hijos de la ex presidenta a entregar los bienes desnuda el núcleo del caso: cómo la corrupción de la obra pública derivó en un imperio económico familiar hoy bajo amenaza judicial.
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